Este otoño llegan noticias históricas desde España: el plazo medio de pago en el transporte por carretera ha caído, por segunda vez, por debajo de los 60 días legalmente establecidos. Tal como anunció la asociación de transportistas del país – FENADISMER – en octubre de 2025 el promedio volvió a descender, situándose en 58 días.
Los resultados a lo largo de 2025 confirman una tendencia positiva. El promedio cayó por debajo del límite legal por primera vez en agosto de este año – hasta los 58 días – y esa cifra ahora ha sido nuevamente confirmada.
El éxito es el resultado de años de esfuerzos, pero sobre todo de las estrictas medidas adoptadas en la Península Ibérica a finales de 2021. Madrid es, de hecho, pionera en imponer sanciones severas a los clientes que no pagan el transporte a tiempo. Durante el período pasado, con multas que alcanzan los 30.000 €, así como la publicación constante y oficial de listas de morosos (que no perdonan ni siquiera a los grandes gigantes logísticos), y con el hecho de que los inspectores persiguen de oficio a estos infractores, se logró que la industria del transporte “volviera a respirar” (aunque ha supuesto varios años conseguirlo).
España es también un país que puede considerarse vanguardista en el continente europeo en lo que respecta a muchas regulaciones del transporte de mercancías por carretera: introdujeron sanciones para quienes obligan a los conductores a descargar la mercancía, pagos por tiempos de espera excesivos durante la carga y descarga… También resultan interesantes porque publican muy transparentemente los resultados de diversas acciones de control. Algunas de estas medidas ya han sido adoptadas por otros países y regiones de Europa (como, por ejemplo, Italia).
¿Puede entonces España ser un buen modelo para abordar los retrasos en los pagos de transporte en todo el continente?
Yo llego tarde, tú llegas tarde: el monstruo del efecto dominó
Ampliar los plazos de pago no es una “especialidad” exclusiva de la industria del transporte: es un flagelo que la economía combate a gran escala.
La Unión Europea reconoce este problema y, desde hace algún tiempo, ha estado trabajando en la introducción de regulaciones que prevengan de manera más eficaz, o al menos limiten, los retrasos en los pagos. Con ese fin, durante el verano se llevó a cabo una encuesta sobre el impacto de los pagos atrasados en las transacciones comerciales entre pequeñas y medianas empresas. Participaron unas 3.500 empresas, principalmente de Alemania e Italia, seguidas de Portugal, España, Francia, Polonia, etc.
Por sectores, el mayor número de encuestados provino del comercio mayorista y minorista, seguido de la industria manufacturera, luego otros servicios, la construcción, y en quinto lugar transporte y logística (alrededor del 6 % de todas las empresas encuestadas).
La encuesta reveló que hasta un 73 % de los encuestados considera los pagos atrasados un problema grave, que un 40 % se ve obligado a reducir inversiones y crecimiento empresarial por ello, que un 39 % debe recurrir a financiamiento bancario para cubrir problemas de liquidez ocasionados por los pagos tardíos, y que hasta un 30 % teme por la supervivencia de sus negocios.
Las empresas informan que sufren debido a prácticas que socavan la libertad contractual, ya sea durante las negociaciones (imponiendo plazos de pago injustificadamente largos) o durante la ejecución de contratos ya acordados (extensiones unilaterales de los plazos de pago pactados).
¿Y qué provoca los pagos atrasados? La mayoría de los participantes cree que la falta de sanciones y la aplicación ineficiente de las regulaciones son las principales causas.
¿Cuál es la solución? Según los resultados de la encuesta, hacer cumplir las leyes y las sanciones, así como establecer normas más estrictas, es el camino a seguir. Otras medidas también se relacionan con la transparencia y la disponibilidad de información sobre el desempeño en los pagos, así como con la resolución alternativa de disputas (mediación).
Recordemos que hace dos años la UE anunció que la actual Directiva de Pagos Atrasados (en vigor desde hace más de una década) sería modificada para aclarar ambigüedades y eliminar “lagunas”. Además, se planea introducir un límite de 30 días (con ciertas excepciones permitidas). Algunas fases (tanto en la Comisión como en el Parlamento Europeo) ya se han completado, pero oficialmente aún no se han adoptado cambios.
Los encuestados están divididos sobre si es mejor revisar la Directiva o introducir una nueva legislación, pero la gran mayoría apoya reforzar y armonizar las normas.
El transporte como una categoría particularmente vulnerable
La Comisión Europea invitó específicamente a las empresas del sector del transporte a participar en consultas sobre este tema. Los pagos atrasados no solo ralentizan el crecimiento, sino que también ponen en peligro la supervivencia de muchos operadores, dado los márgenes particularmente bajos en el sector, así como otros desafíos que enfrenta el transporte por carretera.
Los problemas, por supuesto, no se limitan a la UE. Un número creciente de empresas de transporte del Reino Unido está quebrando. El aumento de los costos, la volatilidad de los precios del combustible, los pagos atrasados y los márgenes bajos siguen socavando la rentabilidad, llevando a muchas empresas a la insolvencia, según informan los medios británicos.
¡Todavía queda trabajo por hacer!
Finalmente, volvamos brevemente a España. Es importante destacar algunos hechos más para completar el panorama.
Los transportistas afirman que, aunque el promedio de 58 días es “muy alentador”, todavía existen muchas prácticas que deben corregirse. En octubre, hasta un 50 % de las empresas contratantes e intermediarias violaron efectivamente la normativa y pagaron con plazos superiores a 60 días, aunque la mayoría de estos retrasos fueron, según dicen, “más leves”. Por otro lado, todavía existe un 3 % de infractores que pagan únicamente después de 120 días, aunque este porcentaje es mucho menor que en 2022, cuando esta categoría representaba más del 20 %.
